¿Alguna autoridad pondrá un límite?

A pesar de la advertencia de Prefectura acerca de que no pueden cerrar el acceso al Canal Villanueva, la empresa EIDICO sigue firme en su convicción de querer adueñarse del agua. No es para sorpresa, siguen en la misma dirección que en los últimos 15 años: ya se apropiaron de caminos y calles (hasta patotearon a un inspector municipal que se animó a querer hacerles cumplir la ley), y por si fuera poco destruyeron en el 2000 un cementerio indígena ancestral, conocido como «Sitio Garín».

Según trascendió, el siguiente paso de la desarrolladora inmobiliaria es construir otro muelle del otro lado del Canal Villanueva, desde el terreno del empresario Tito Demarci. Entre ambos muelles ya ocuparían la casi totalidad de la vía navegable, y sólo les faltaría colocar una barrera.

Quieren quedarse con lo poco que les queda sin arrasar: Punta Querandí, 130 metros de costa. Pero les está costando por la resistencia de vecinos, ambientalistas e integrantes de pueblos originarios. Un nuevo obstáculo para esta empresa vinculada al Opus Dei fue la declaración de «interés municipal» y «espacio de la memoria del terrorismo de Estado» que votó por unanimidad el Concejo Deliberante de Tigre, a raíz de que en Punta Querandí apareció muerta la militante Ana María Martínez en 1982, tras ser secuestrada por la última dictadura.

Mientras se les complica por tierra, están decididos a tomarse revancha por agua.

El muelle-barrera que están construyendo desde principios de julio, no sólo bloquea el acceso al Canal Villanueva («no vamos a permitir que se corte una vía navegable, a pesar de que ellos la dragaron, están agarrando aguas nacionales», expresó la Prefectura de Dique Luján). Como se puede ver en la imagen, el muelle en vez de ir en línea recta con los countries San Benito y Santa Catalina, invade provocativamente el frente de la calle Brasil, donde está Punta Querandí.

Por su parte, el funcionario bonaerense Héctor Arévalo, jefe del Departamento Zona IX de la Dirección de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que hicieron una inspección el viernes pasado y remitieron el informe a las oficinas centrales en La Plata.

¿Alguna autoridad política será capaz de poner un límite o el poder inmobiliario seguirá sonriendo y demostrando que está por encima de cualquier gobierno?